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11/01/2017 -  tiempo  3' 58" - 1722 Visitas En Alameda de la Federación 421 El gobierno provincial alquiló el inmueble donde funcionó el estudio jurídico de Mizawak a nombre de su hija
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Allí funcionó el último estudio jurídico que Claudia Mizawak atendió antes de asumir como vocal del STJ.
Se trata de un inmueble donde funcionó el último estudio jurídico de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak. Una hija de la magistrada se lo arrendó al Ministerio de Educación. El contrato se celebró el 1 de abril de 2014. Ese día el entonces ministro de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones (MEDyPA), José Lauritto, acordó alquilar la propiedad ubicada a dos cuadras de la Casa de Gobierno, cuya locadora resultó ser Eugenia Ormache. Claro que no se trató de un trámite más. En el inmueble, emplazado en Alameda de la Federación 421, funcionó el último estudio jurídico que Claudia Mizawak atendió en Paraná antes de asumir como vocal del STJ. Y fue su hija quien celebró el convenio con Lauritto.

Así se desprende del documento rubricado por las partes, al que tuvo acceso El Entre Ríos. Según quedó establecido, hasta el 31 de marzo de 2016 el lugar sirvió para que la Subsecretaría de Gestión y Asuntos Jurídicos del MEDyPA pudiera cumplir con su cometido. Y, como se verá más adelante, al finalizar el contrato volvió a ser alquilado al gobierno entrerriano.

Pero la cartera que condujo Lauritto se desentendió de pagar los alquileres. De acuerdo con lo estipulado fue el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de su Dirección General del Servicio Administrativo Contable, el que tuvo a su cargo los desembolsos correspondientes entre el 1 y el 10 de cada mes.

En la tercera cláusula del contrato se fijó que “el locatario se compromete y obliga a abonar a la parte locadora la suma de Pesos Catorce Mil Quinientos con 00/100 ($ 14.500) mensuales pagaderos por mes vencido (?) debiendo efectuarse sobre el mismo las retenciones y/o descuentos que por Ley correspondan”.

La propiedad alquilada tiene una superficie de 147,16 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. En el documento quedó explicitado que en la planta baja cuenta con “un (1) recibidor o sala de espera y una (1) oficina”, mientras que en la parte superior dispone de “cuatro (4) habitaciones, un (1) depósito o archivo, dos (2) baños, una (1) habitación amplia y una (1) cocina equipada con alacena, bajo mesada y placard”.

Al texto firmado por Lauritto y Ormache se le agregó, como es de estilo en cualquier acuerdo de este tipo, un inventario del inmueble. Así se dejó constancia de todo lo clavado y plantado en esa propiedad, que se encontraba "en excelente estado de conservación en general (techos, paredes, pisos, aberturas, instalación eléctrica y sanitaria)", según se precisó en la primera cláusula.

Todo quedó en familia

Cuando el acuerdo con el MEDyPA llegó a su fin el local volvió a ser rentado por la provincia. El nuevo inquilino pasó a ser Sergio Reggi, titular de la Secretaría de Gestión Pública, quien firmó contrato con Tomás Arroyo, hijo de Mizawak y del secretario de Energía, Raúl Arroyo.

El vínculo fue convalidado a través del decreto 1.804/16 GOB, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y su ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. Fechada el 7 de julio del pasado, la norma recién fue publicada el 1 de diciembre último en el Boletín Oficial.

El acuerdo, entre otras cosas indicó que en el nuevo contrato, firmado el 1 de abril de 2016, se fijó una extensión de 24 meses aunque no pudo informar sobre el canon mensual acordado ya que el monto fue omitido en el decreto, que se publicó sin el anexo documental que contenía una copia del convenio.

También indicó que a través del tercer artículo del decreto 1.804/16 GOB se imputó a dos partidas una reserva presupuestaria de 232.724 pesos, lo que hacía suponer un desembolso promedio de 9.696,83 pesos mensuales.

Además se precisó que Reggi suscribió el contrato junto con Roberto León, quien lo hizo como apoderado del locador. Sin embargo en su cuarto artículo el decreto estipuló que la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación quedaba autorizada a “abonar el canon locativo y las demás erogaciones resultantes por aplicación de lo dispuesto en el presente decreto a favor del señor Tomás Alejandro Arroyo, previa presentación de las facturas o recibos correspondientes debidamente conformados, emitidos de conformidad con las normas tributarias vigentes”.

Cuando los detalles del nuevo convenio salieron a la luz, la administración Bordet advirtió sobre su rescisión, dejando trascender que el propietario había reclamado la devolución del inmueble, cuyas expensas siguen figurando a nombre de Ormache.

Y fue así que el Ejecutivo puso manos a la obra, dejando a cargo de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación el alquiler de otra propiedad en inmediaciones del Centro Cívico.

Pero esa es otra historia.
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