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20/06/2017 -  tiempo  5' 57" - 849 Visitas Columna de opinión Rocamora y Urquiza no es una esquina sino un mandato
Uno, fundador de pueblos, vaticinó en 1782 que Entre Ríos “será la mejor provincia de esta América”. El otro, organizador de la República, referente de la etapa fundacional de la nación y progresista gobernante entrerriano. Ambos observarían hoy las cosas llenos de una insoportable amargura. El escenario que presenta Entre Ríos lejos está de honrar la fe de Rocamora ni los desvelos del conductor de la Confederación Argentina. Los tres poderes del Estado funcionan mal, las leyes fundamentales se tornan letra muerta, las instituciones sustanciales se erosionan, la corrupción se naturaliza, los impresentables se instalan en cargos importantes y las maniobras fraudulentas gozan de buena salud. Posando la mirada en la cruda realidad cotidiana y la conducta de quienes integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial –desde luego con honrosísimas excepciones- no habrá más remedio que reconocer que existe un descalabro irritante. El ADN que enlaza a las mellizas Corrupción e Impunidad, hermanas queridas que se aman entrañablemente, hacen que el bueno se desaliente y el malo se envalentone. Cosas graves han ocurrido en nuestro país pero también en la provincia, lejos de ser “la Entre Ríos que Urquiza soñó”, como reza la marcha. Hay razones poderosas que deberían estimular nuestro interés superior para recuperar la dignidad perdida y sacarnos la costra de los aventureros de la política. Las grandes crisis son propiciadoras de grandes cambios. Sólo es cuestión de arremangarse. Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)


En Entre Ríos se han modelado en los últimos años facsímiles muy bien logrados del clan Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido y muchos más, que saquearon el Estado. Han actuado como una corporación para delinquir. Funcionarios del Poder Ejecutivo que le roban al Estado, legisladores que niegan desafueros y jueces que extraviaron el almanaque a la hora de mover expedientes de enorme gravedad, conforman un combo perfecto de la desfachatez organizada. Cada poder parece necesitar del otro y la trama es perfecta.

El hecho de que a casi 9 años de sancionada la nueva constitución, nadie se haya preocupado ni ocupado en crear una fiscalía especializada en delitos de corrupción (art. 208), es sobrada prueba de que no interesa limpiar las malas mañas. Dicho precepto alude a “un Fiscal del Ministerio Público” para “ la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública”. Y rubrica el texto ordenando que “La Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido”.

En declaraciones a la revista ANALISIS del pasado 7 de junio (pág. 14), el abogado penalista Rubén Pagliotto (una especie de Vito Dumas del compromiso derivado de su juramento, junto a su par Guillermo Mulet), describe descarnadamente los avatares que deben enfrentarse para denunciar a los gobiernos y no ahorra críticas para los tres poderes del Estado. Ejemplifica con la causa iniciada por la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) donde se desempeñó, vinculada con la desaparición de 20 millones de dólares de los fondos del Senado que está llegando a juicio nada menos que 17 años después.

Pareciera que en el ámbito de la justicia provincial –empleando una metáfora apropiada- el zorro goza de la prerrogativa de evitar que sea cercado el gallinero. Se advierte una suerte de multicorporación del anti republicanismo, bajo un acuerdo destinado a cubrir a figuras denunciadas por múltiples delitos pero a la vez autoprotegerse. Los últimos acontecimientos políticos marcados por salvatajes inter poderes abonan todo tipo de suspicacias. No es impertinente preguntarse por qué habiendo tantos abogados especialistas en derecho penal matriculados en nuestra provincia, hace mucho tiempo que sólo hablamos de dos de ellos a la hora de conocer denuncias insoslayables por faltas cometidas por altos funcionarios.

En su reciente libro El Clan, de Daniel Enz, se expone precisa y puntillosamente un cuadro de corrupción estructural en el Estado entrerriano que arranca en 1983 y con mayor o menor intensidad pasa a cobrar manifestaciones inéditas, tan fuertes como ha sido la impunidad que graciosamente le obsequian quienes deberían meter presos a sus autores. Los virus de la coima, la malversación y el peculado se insertaron en estamentos del Estado como vía idónea para que personajes sedientos de poder se enriquezcan ilícitamente. Primó más el crecimiento patrimonial que el servicio a la sociedad.

La aplanadora editorial de marras se remonta a varias décadas donde hechos concretos tipificados por el Código Penal, reciben el silencio judicial que más estimula las malas costumbres. Y no menos preocupante resulta la anuencia tácita que le otorga la apatía ciudadana.

El físico alemán Albert Einstein (autor de la Teoría de la Relatividad,) escribió que “el mundo es un lugar peligroso para vivir, no por la gente mala sino por la gente que no hace nada”. La indiferencia ha sido considerada como el estado del ánimo en que no se siente inclinación ni rechazo hacia hechos y personas. La frialdad y la displicencia, no facilitan las relaciones humanas.

Manuel Belgrano sostenía que “el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes, es castigar al delincuente y proteger al inocente”.

No se recuerda en Entre Ríos tanto quiebre moral enquistada en el poder, que aparece emparentado a modo de remezones con lo sucedido durante la “década desquiciada”. Los más grandes ladrones públicos, cobijados bajo el paraguas del quedantismo judicial, quieren seguir en el ruedo político como si nada hubiere ocurrido. Odebrecht es la nave insignia de la corrupción kirchnerista, donde aparecen –por ahora- cuarenta identidades, algunas muy conocidas, beneficiarias de más de 100 millones de dólares en coimas vinculadas con la obra pública. Un arrepentido fallecido inesperadamente a punto de destapar ollas fétidas a granel, dejó documentación suficiente, mientras la principal responsable de tanta suciedad, quiere seguir manejando el timón electoral sin bitácora ni realismo.

En nuestra provincia –donde comenzó una limpieza a partir de recambios en Salud Pública-, se aguardan nuevas medidas. Y que definitivamente se considere a todos en igualdad ante las leyes. Esa igualdad entre los hombres de la que hablaba el psicoanalista Erich Fröm y que, por ejemplo, no se advierte a la hora de establecer remuneraciones equitativas a empleados de un mismo patrón y más crudamente en los haberes jubilatorios, donde existen “beneficios” de 5.000 pesos mensuales, mientras jueces en pasividad perciben más de 200.000 pesos.

Lo más inmoral es que quienes se ubican grosera e inalcanzablemente en la cúspide salarial del Estado entrerriano, se nieguen a pagar el impuesto a las ganancias. El eterno artículo 16º de la Carta Magna para algunos sigue fuera de escena.

¿Se puede honrar el republicanismo con causas judiciales incomprensiblemente adormecidas? ¿Puede una provincia como Entre Ríos soportar que se haga caso omiso del mandato constitucional que ordena crear un órgano destinado a sancionar las acciones corruptas? ¿Puede haber un impedimento fundamentado o se trata de un acuerdo no escrito del corporativismo que desborde todo canon moral y jurídico? ¡Vaya a saber uno!

Si en algún despacho de los tribunales paranaenses se lee El Clan, sería inaceptable que no se inicien actuaciones de oficio contra muchos corruptos que estaban disimulados en alguno de los pliegues del corporativismo delictuoso que se adueñó del Estado provincial.

Mientras tanto recordemos que no es la ley la que nos hace dignos, sino la observancia que de ella hagamos los hombres.
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