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06/12/2017 -  tiempo  3' 10" - 334 Visitas Desapego de las normas y sus funciones Una diputada presentó un pedido de juicio político contra un integrante de la Corte Suprema
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Horacio Daniel Rosatti, en la mira de una diputada de centro izquierda.
La diputada nacional Victoria Donda presentó un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados para remover de su cargo al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Daniel Rosatti. Los argumentos de la presentación se basan en que Rosatti habría actuado en dos oportunidades "con desapego a las normas en el ejercicio de su cargo". "Contrario a las normas que regulan el buen desempeño de todo juez de nuestro tribunal más alto, en tanto posee una relación directa e insoslayable, tanto personal como política, con el Poder Ejecutivo Nacional a través del secre-tario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de ministros, Mario Alberto Quintana", expresó el texto solicitante. Además, el segundo motivo de la solicitud se ancla en la decisión de la CSJN de aplicar el 2x1 en delitos de Lesa Humanidad a favor del represor Luis Muiña: “Es un grave antecedente institucional, que afecta la propia Constitución Nacional y los tratados Internacionales con jerarquía constitucional", señaló. “Promover juicio político al Dr. Horacio Daniel Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la nación (Csjn), conforme la acusación prevista por el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional, en tanto resulta aparente su mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, sintetiza el proyecto presentado por la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur).

La impulsora de la iniciativa señaló que Rosatti, en su carácter de miembro de la Csjn, actuó, en apariencia, “con desapego a las normas en el ejercicio de su cargo, por lo menos en dos ocasiones”.

En primer lugar afirmó que el magistrado obró “contrario a las normas que regulan el buen desempeño de todo juez de nuestro tribunal más alto, en tanto posee una relación directa e insoslayable, tanto personal como política, con el Poder Ejecutivo Nacional a través del secre-tario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de ministros, Mario Alberto Quintana”, según publicó Aim Digital.

Asimismo, Donda resaltó que resulta “palmario y evidente” que Rosatti y otras personas de su círculo laboral y personal mantienen una relación directa con directivos de la firma Farmacity y, en especial, con el existiendo un aparente conflicto de interés que afecta directamente la función del ministro Rosatti y que supone una gravedad institucional mayúscula en tanto las decisiones del mentado juez podrían verse afectadas en tanto afectasen los intereses no solo de la empresa Farmacity S.A., sino también todo interés del Poder Ejecutivo nacional”.

En segundo término, Donda cuestionó el fallo de la Csjn del 3 de mayo de 2017 en el que, por mayoría, se declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad, favoreciendo a Luis Muiña (condenado por haber cometido delitos de Lesa Humanidad).

Esto, advirtió la diputada sienta “un grave antecedente institucional, que afecta la propia Constitución Nacional y los tratados Internacionales con jerarquía constitucional, y que además, podría acarrear para la República Argentina una sanción impuesta por vulnerar lo previsto en la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenefs de lesa humanidad, Estatuto de Roma, entre otras “.

Donda recordó que en su voto, Rosatti, que conforma con sus fundamentos la mayoría, “en primer termino expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para luego afirmar que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes”.

Frente a esto, la diputada de Libres del Sur argumentó que no escapa al criterio y al conocimiento de ningún juez de la nación, “…y menos de los cortesanos que integran la Csjn, que los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, y tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, y ello así, en tanto los tratados internacionales ratificados por nuestro país así lo determinan”.
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