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07/12/2017 -  tiempo  1' 46" - 2536 Visitas También se pidió el desafuero al Senado El juez Bonadío dictó la prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner
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En el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El juez federal Claudio Bonadío dictó la prisión preventiva para la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner. Bonadío tomó la decisión en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. El procesamiento y prisión preventiva incluye un pedido de desafuero al Senado de la Nación, donde asumirá el próximo domingo y ya juró como legisladora. Tras la detenciones de Carlos Zannini, Luis D'Elia y “Yussuf” Khalil, el juez Bonadío busca que la ex presidenta pierda los privilegios legislativos para detenerla. Por eso decidió el procesamiento y pidió el desafuero.

Según indicaron a Télam fuentes judiciales, Bonadio dictó el procesamiento y pidió el desafuero de la ex presidenta porque consideró que debido a sus contactos “puede entorpecer la causa” que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

En octubre, tras su última declaración en Comodoro Py, Cristina Fernández culpó al gobierno por llevar adelante una persecución política en contra de la oposición. “Es un gran disparate jurídico”, indicó la senadora electa por la provincia de Buenos Aires y agregó: “Creo que lo más importante que tengo para decirles es que la única traición a la patria es utilizar a un Poder Judicial para perseguir a los opositores”.


“Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr”, dijo la ex mandataria, quien habló desde un gazebo azul instalado a metros de los tribunales y agradeció a la militancia que la fue a apoyar. Cristina indicó que “el objetivo de la persecución es atemorizar a los dirigentes de la oposición para hacerla callar en el Parlamento”.

La causa

La causa contra la ex presidenta se centra en el intento de favorecer a ex funcionarios del gobierno de Irán para buscar la impunidad de un ataque terrorista. La causa se reactivó luego de conocerse una conversación del ex canciller Héctor Timerman con un directivo de la AMIA, en la que el entonces funcionario habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.


La figura penal de traición a la patria tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 25 años o reclusión perpetua.
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