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16/02/2018 -  tiempo  5' 13" - 862 Visitas Opinión Sobre la “Esclavitud ante la ley”
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El vocal Salduna formuló algunas precisiones.
Leo con atención los artículos del Sr. Luis María Serroels. A quien reconozco y respeto como un periodista prestigioso, serio, objetivo y valiente. Sin embargo advierto equivocaciones -que, descuento de buena fe- en el artículo, titulado “La Ineludible Esclavitud de la Ley” (Revista ANALISIS del 12/2/2018). Por lo que creo conveniente formular alguna precisión al respecto. El articulista, con espíritu de reproche, pide se brinde "la nómina completa de los miembros del Poder Judicial que en clara violación del estatuto entrerriano y asumiendo facultades legislativas no conferidas, modificaron por una Acordada la ley de creación del Iosper al disponer que no se le efectúe al personal que así lo tramite los descuentos mensuales obligatorios que rigen para activos y pasivos".

Para conocer esa nómina, nada más fácil: basta con leer, porque es pública, el acta de la acordada, -40/02, punto 5º, del 26/11/2002, dictada en acuerdo general por el Superior Tribunal de Justicia. Los sres. Vocales que avalan lo allí resuelto -algunos fallecidos, otros ya no forman parte del Poder Judicial- son los Dres. Juan Carlos Ardoy; Carlos Chiara Díaz; Daniel Carubia; Germán Carlomagno; Laura Bertelotti de Schaller; Juan José Papetti y Bernardo Salduna. Con la disidencia del Dr. Miguel Carlín.

Me adelanto a reconocer mi parte de "culpabilidad": fui de los firmantes de la misma, avalando lo allí dispuesto.

La acordada se dictó ante el pedido de varios magistrados, funcionarios y empleados judiciales.

Con sus distintos matices, según el caso, nos planteaban el grave problema que se les presentaba en cuanto a la atención de salud, propia y de familiares directos, ante la insuficiencia, o incluso el corte de prestaciones asistenciales por parte de la Obra Social de la Provincia (IOSPER). Lo que los obligaba, además del descuento obligatorio al IOSPER, a aportar a una prestadora privada o afrontar de su propio bolsillo los gastos de atención médica y remedios indispensables

Textualmente, en una de las notas se hablaba de la “necesidad de destinar dicha suma (el aporte obligatorio) a la contratación de un servicio de salud eficiente para superar la paupérrima atención brindada por la obra social provincial, la cual no satisface los requerimientos corrientes en materia de salud y mucho menos en lo relativo a tratamientos especializados de mediana o alta complejidad”.

No hay que olvidar el contexto: se vivía por entonces una de las crisis económico financieras más serias de la historia en la sociedad entrerriana y argentina.

En el Poder Judicial los sueldos -congelados- se cobraban con atraso, a veces de hasta tres meses. No se pagaba el aguinaldo, y los haberes se abonaban en gran parte, y en ocasiones en su totalidad con los famosos "bonos federales". Que debían canjearse a la mitad de su valor. Los ahorros o depósitos bancarios -los que los tenían- inmovilizados en el famoso "corralito".

En tales circunstancias ante pedidos motivados en razones de salud, en ciertos casos dramáticos y angustiantes, se resolvió, como medida excepcional y de emergencia, autorizar a quienes lo solicitaren, bajo su exclusiva responsabilidad, a suspender temporariamente su aporte obligatorio a la Obra Social de la Provincia.

Se mantenía el aporte estatal a la Obra Social. Y esta no estaba obligada a cubrir prestaciones del agente desafiliado.

Aproximadamente unos 200 agentes judiciales, apenas poco más del 10% de la planta total del Poder Judicial de la Provincia se acogieron voluntariamente a tal posibilidad.

Aclaro que, pese a haber autorizado a otros, personalmente nunca me desafilié del IOSPER y continué aportando a dicha obra social.

Una vez superada la crisis, normalizada relativamente la situación, paulatinamente el personal judicial se fue reafiliando voluntariamente.

Una nueva acordada del Superior Tribunal, la 38/14 del 19/11/14, p.7º- durante la Presidencia de la Dra. Claudia Mizawak, siendo el suscripto vice presidente, dejó sin efecto la anterior.

Otra, la 16/15 del 9/6/2015 P. 5º- determinó la reafiliación compulsiva de los agentes que restaban.

Aclaro que lo del IOSPER no fue la única medida poco ortodoxa tomada en el contexto aludido: en otra acordada se resolvió suspender la vigencia de la norma legal que obligaba a magistrados y funcionarios judiciales a cancelar sus deudas y levantar embargos.

En otra se modificaron competencias entre distintos fueros, traspasando causas de los jueces y Tribunales que se encontraban abarrotados de demandas a otros con menor cantidad de expedientes.

A raíz de alguna de estas decisiones, el entonces titular de la FIA, Dr. Oscar Rovira presentó una denuncia de juicio político contra los Vocales que las firmamos. Que se archivó, sin ser ni siquiera
considerada.

Es que, por entonces, en todos los estamentos de la sociedad y, en cantidades inimaginables, acudían al Poder Judicial como la última tabla de salvación. No es exagerado sostener que la Justicia, con la precariedad de medios con que actuaba daba parcial solución a lo que no arreglaban otros poderes del Estado.

Le doy, nada más un dato: desde que se implementó el recurso de amparo en la Provincia, en 1933, la cantidad de acciones de ese tipo en el Superior Tribunal apenas superaban los mil casos.

Entre 2001 y 2003 los amparos totalizaron cerca de veinte mil.

Sin falsa modestia entonces, y como protagonista de aquellos momentos, pienso que más que un cargo al Poder Judicial, debiera efectuarse un reconocimiento por la responsabilidad y valentía con que se enfrentó a la catástrofe.

Y las medidas "excepcionales y heroicas" que este Tribunal, en las dificilísimas condiciones que se movía, debió tomar, para enfrentar y en definitiva, superar, la peor situación de emergencia de la sociedad entrerriana.

Dr. Bernardo I. Salduna.
Vocal Sala Laboral, Superior Tribunal de Justicia (ER).
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