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13/03/2018 -  tiempo  5' 5" - 2056 Visitas Se desarrolló la segunda jornada de juicio oral Causa Alanís: el sobrino del ex vicegobernador acordó 2 años y 8 meses de prisión condicional
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El ex vicegobernador se mostró durmiendo en la audiencia.
Maximiliano Alanís, sobrino del ex vicegobernador Héctor Alanís y ex secretario administrativo del Senado provincial, acordó una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional por el desvío de dinero público, entre 1995 y 1999. Así lo registró ANÁLISIS DIGITAL este lunes, en el comienzo de la segunda jornada de juicio oral. El jueves pasado, José Crettón Pereyra, ex director administrativo de la Cámara Alta entrerriana también llegó a un acuerdo similar. De este modo, el debate que ventila lo ocurrido hace casi dos décadas, continúa para Héctor Alanís y el ex senador radical Humberto Re, quienes no aceptaron juicio abreviado; y el tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo seguirá al frente. Por otro carril se resolverá el pedido de juicio abreviado en una causa por Estafa que involucra a Maximiliano Alanís y que en principio intentó zanjarse en un solo paquete, junto a la imputación por Peculado por lo ocurrido en el Senado. De ANÁLISIS DIGITAL

Dieciocho años después de la denuncia inicial, llegó a juicio oral el ex vicegobernador Héctor Alanís; su sobrino, Maximiliano Alanís; el ex director Administrativo del Senado, José Maximiliano Crettón Pereyra; y el ex senador radical, Humberto Re. En la investigación penal se determinó el desvío de unos 6.132.825 pesos/dólares, a través del depósito de fondos públicos en cuentas del Banco de Entre Ríos, que fueron retirados por múltiples libramientos de cheques. El delito imputado es el de Peculado.

Dos de los cuatro acusados -Maximiliano Alanís y Crettón Pereyra-, llegaron el jueves pasado a la primera audiencia con un acuerdo para celebrar juicios abreviados. Crettón Pereyra, pactó 2 años y 8 meses de cumplimiento condicional y una multa de 90.000 pesos. En tanto, Maximiliano Alanís recién pudo concretar el acuerdo este lunes, porque el jueves pasado intentó un pacto que acumulaba dos causas y dos delitos distintos: el de Peculado por el desvío de fondos públicos del Senado, y una causa por Estafa, todo por 3 años de prisión condicional. Lo que sucedió es que en la causa por Estafa, había sido fiscal uno de los integrantes del tribunal de juicio: Rafael Cotorruelo. Y por eso pidió apartarse del proceso.

Las partes estuvieron de acuerdo con desacumular las causas, celebrar dos juicios abreviados distintos y que para el debate que ventila el desvío de fondos del Senado, continúe el mismo tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel. Sin embargo, el jueves pasado los jueces decidieron dejar en suspenso el debate y retomarlo este lunes, luego de deliberar cómo se resolvía la cuestión.

Por eso, hoy se comunicó que continuará el mismo tribunal para juzgar el desvío de dinero del Senado y el acuerdo por Estafa que involucra al yerno del ex gobernador Jorge Busti, se hará por un carril distinto.

Testigos

El primer testigo en declarar fue Miguel Ángel Bernuchi, ex empleado administrativo del Senado. Bernuchi se ocupaba de las rendiciones de cuentas del programa 17 -uno de los dos que manejaba el Senado provincial-. El hombre se acordaba de poco, por lo cual no aporto demasiado al esclarecimiento de los hechos investigados. Además de eso, se le advirtió sobre dos contradicciones respecto de su declaración en la instrucción del expediente, que se abrió en la justicia provincial en el año 2000. Lo que sí sobresalió de su relato fue una cuestión puntual: este lunes dijo que entregaba los cheques al tesorero del área pero en la etapa de instrucción aseguró que la entrega se la realizó a Crettón Pereyra.

El segundo testigo de este lunes fue el contador Luis Emilio Ramos, quien desempeñó el rol de secretario de la Vocalía Nº3 del Tribunal de Cuentas (TdC). Ramos reconoció frente a los jueces y las partes un acta de traspaso. Es decir, la papeleta donde se consignó lo declarado con documentación al terminar la gestión política que se está investigando, pero donde no quedó ningún registro sobre la cuenta del Banco de Entre Ríos, creada para depositar los fondos del programa 18 que manejaba el Senado -y desde donde sistemáticamente fueron retirando el dinero a través de libramiento de cheques-. Esa cuenta bancaria estaba a cargo de Maximiliano Alanís.

En tercer lugar declaró Irupé María Cáceres, la contadora que ocupaba durante el año 99 el rol de Fiscal de Cuentas, una jerarquía superior a la de Ramos. La prueba que aportó fue escasa, ya que según sus propias palabras, su intervención en el control público se realiza "en el último eslabón de la cadena". Fue una pregunta del juez Cotorruelo la que develó la imposibilidad de los fiscales de cuentas: no hay forma de detectar irregularidades por su parte, sino que sus observaciones se basan en las realizadas en las etapas inferiores y de campo. Es decir, si los auditores o el secretario de vocalía no detectan presuntas irregularidades que merezcan alguna observación y/o recomendación, la Fiscal de Cuentas no tiene elementos para poder fiscalizar el control de una cuenta determinada. En relación al año en particular que se investiga, Cáceres aseguró: "No recuerdo si hice alguna recomendación u observación sobre las cuentas del Senado durante 1999".

Luego llegó el turno de dos funcionarios que participaron de la firma del acta traspaso: Eduardo Rudi y Rubén Onorio Zoff. Los dos contadores estuvieron presentes en la firma del acta donde la gestión de Busti realizó "una fotografía" de lo que constaba en el Senado y quedaba como herencia a la gestión de Montiel. Según ambos, sus presencias fueron solicitadas por el entonces titular del Tribunal de Cuentas, Hugo Molina, quien les pidió que acompañen a Ramos para su presentación. Coincidieron en que el acta formó parte de un acto "meramente protocolar" aunque en caso de haber detectado alguna irregularidad se pudo haber consignado en la misma. Este es el punto en el cual se centraron los fiscales, quienes dejaron en claro que Ramos podría haber dejado constancia de que en la documentación registrada no se incluyó la existencia de la cuenta bancaria del programa 18 del Senado.

Las audiencias continuarán este martes por la mañana, donde se seguirá produciendo la prueba aportada por el listado de testigos y de esa manera avanzar en la investigación que busca determinar las responsabilidades del ex vicegobernador Alanís y el exsenador radical Re.

(Fotos: ANÁLISIS DIGITAL)
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