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14/03/2018 -  tiempo  9' 20" - 695 Visitas Se habrían quedado con terrenos en Puerto Yeruá Cuenta regresiva para el juicio oral por peculado: un intendente y un dirigente de AFA acusados
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El intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey.
El 21 de marzo de 2018, el mismo día en que termina el verano y comienza el otoño en el hemisferio sur, también será una fecha bisagra para la suerte de 17 personas, a quienes la Justicia procesó por “peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública”. La lista de los imputados es encabezada por Fabián Cevey, intendente de Puerto Yeruá; María Griselda Brassesco, secretaria municipal, y Julio Larrocca, por entonces abogado de la comuna, actual presidente de la Liga de Fútbol de Concordia y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes están imputados por apropiarse de tierras fiscales en bellos parajes de la localidad de Puerto Yeruá, al sur del Departamento Concordia, a orillas del río Uruguay. En el marco de la investigación, el conocido empresario de la construcción José Galvani, de estrecho vínculo con el ex gobernador Sergio Urribarri, optó por declararse “culpable”, devolver el terreno que había recibido y acogerse a una probation, lo que deja en incómoda situación al resto de los imputados. Se esperan unas 20 audiencias y el testimonio de 150 testigos.
¿Serán absueltos o se los declarará culpables? ¿Saldrán libres, irán a la cárcel o pesará sobre ellos prisión condicional? ¿Quedarán inhabilitados de por vida para el ejercicio de cargos públicos, con el consiguiente cese inmediato en sus funciones de presidente municipal?

Estos son algunos de los interrogantes que el juicio intentará despejar, al evaluar, una por una, las pruebas reunidas por el fiscal José Arias, para documentar la maniobra que les habría permitido a los acusados apropiarse de tierras fiscales en bellos parajes de la localidad de Puerto Yeruá, al sur del Departamento Concordia, a orillas del río Uruguay.

La lista de los imputados es encabezada por Fabián Cevey, intendente de Puerto Yeruá; María Griselda Brassesco, secretaria municipal, y Julio Larrocca, por entonces abogado de la comuna, actual presidente de la Liga de Fútbol de Concordia y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El caso es muy sencillo. El intendente Cevey, la secretaria Brassesco y el abogado de la Municipalidad Larrocca se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde, para que se puedan construir una casilla donde vivir”, resumió el fiscal José Arias, en declaraciones realizadas a El Entre Ríos.

150 testigos

No será sencilla ni rápida la tarea que le espera a Arias, al único abogado defensor, el Dr. Juan José Bukténica, y a los magistrados Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián, responsables de impartir justicia. En principio, están citadas “alrededor de 20 audiencias y hay aproximadamente 150 testigos”, precisaron en tribunales.

Los más optimistas consideran que el número de audiencias podría reducirse a cinco y que los testigos más relevantes no pasarán de una quincena.

El imputado número 18, que prefirió la "probation"

Lo cierto es que son 17 los imputados, aunque habrían sido 18 si no fuera porque uno de ellos, el conocido empresario de la construcción José Galvani, de estrecho vínculo con el ex gobernador Sergio Urribarri, optó por devolver el terreno que había recibido y acogerse a una probation.

Con independencia de su peso jurídico, el gesto de Galvani no ha hecho otra cosa que poner en una incómoda y débil situación al resto de los imputados, ya que el empresario se reconoció “culpable”. De otro modo, no habría procedido a devolver lo que en teoría había adquirido en buena ley. “Si Galvani admitió su culpabilidad, los demás también serían culpables”, conjeturan en tribunales.

Al igual que Galvani, la mayoría de los imputados son "compradores", y en tal carácter enfrentan serias dificultades a la hora de intentar justificar cómo fue que adquirieron por 11.000 pesos terrenos fiscales tasados en mucho más de 300.000. O en 8.000 lo que costaba 246.000, por poner sólo dos ejemplos.

Son precios tan irrisorios que, como dice el dicho, "hasta el santo" habría desconfiado de tan grande "limosna", máxime que tal acto de insólita "generosidad" fue hecha con bienes que pertenecen a toda la comunidad. O sea, Cevey no malvendió o regaló lotes de su propiedad sino del Estado, varios de los cuales los traspasó a testaferros suyos, según concluyó Fiscalía.

La pena por peculado

La pena prevista para el delito de "peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública" es de 2 a 10 años de cárcel, con inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos, además del decomiso de los bienes mal habidos.

En el requerimiento de remisión a juicio, Fiscalía adelantó que solicitaría 10 años de prisión para los imputados, aunque habrá que ver si mantiene tal pretensión una vez que finalice el debate.

Es de suponer que una eventual condena será rápidamente apelada, por lo que pasarán no menos de tres años hasta que se superen las instancias superiores y el fallo quede firme o resulte objetado.

Si la condena no sobrepasara los tres años de cárcel, no será efectiva sino condicional, de tal modo que ninguno de los 17 irá efectivamente tras las rejas, aunque pesará sobre ellos la inhabilitación y tendrán que devolver los terrenos.

La lista de los imputados

Uno de los aspectos que le otorga particular complejidad al caso es el número de imputados. A los ideólogos, que habrían pergeñado el "reparto" de los lotes, se les suman varios más que figuran como "compradores", muchos de ellos "testaferros", al decir del fiscal Arias.

Decir "compradores" resulta cuanto menos exagerado, porque nunca aparecieron comprobantes que documentaran de manera fehaciente los pagos. "En la Municipalidad de Puerto Yeruá no hay acreditado ingreso de dinero por esos lotes, a pesar de que se vendían por cifras irrisorias", explicó el fiscal.

Los imputados son:
1 - Alejandro Fabián Cevey, Presidente Municipal de Puerto Yeruá;
2 - María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal;
3 - Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;
4 - Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);
5 - Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;
6 - María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora (cuñada de la esposa del Intendente Cevey, al punto de que su esposa firmó como apoderada de Maquiavelo);
7 - Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);
8 - Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);
9 - José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.
10 - María Mercedes Girard, domiciliada en Ushuaia, Tierra del Fuego, también como compradora.
11 - Gabriela Andrea Girard, domiciliada en Puerto Yeruá, también como compradora.
12 - Alejandro Joaquín Cevey, domiciliado en Puerto Yeruá, también como comprador.
13 - Brenda Soledad Cevey, domiciliada en Puerto Yeruá, en carácter de compradora.
14 - Ramón María Benítez, domiciliado en Puerto Yeruá. También en carácter de comprador.
15 - Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.
16 - Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.
17 - Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador.

Paso a paso, la trama de la estafa denunciada

Fue una demanda patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet la que movió a la Justicia a poner la lupa sobre lo ocurrido en Puerto Yeruá.

Los dos letrados se hicieron eco de la investigación que habían iniciado dos ciudadanos y dirigentes de la localidad, Sebastián Telayna y Aníbal Maschio.

En el relato de los hechos, narraron que "en fecha 14 de junio de 2010, se procede a firmar la escritura de donación número trescientos setenta y cuatro por ante el Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, por la cual el Gobernador de aquella época, Sergio Daniel Urribarri, conjuntamente con el Ministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, donaron a la Municipalidad de Puerto Yeruá (representada en tal acto por su Presidente Municipal, Alejandro Fabián Cevey y su Secretaria Municipal, María Griselda Brassesco) la cantidad de 14 lotes, de acuerdo a la Ley Provincial 8937 y el Decreto 1739 MGJEOySP del 13 de mayo de 2010, donación que es aceptada y así perfeccionado el acto por los comparecientes en carácter de representantes del Municipio de Puerto Yeruá".

En ese mismo día, "sin que medie acto administrativo alguno y/o concurso de precios y/o licitación, y desconociendo cualquier trámite administrativo que autorice al Presidente Municipal de Puerto Yeruá y a su Secretaria, los mismos terrenos fueron 'vendidos' por estas autoridades a los particulares denunciados, mediante escrituras correlativas que van desde el número trescientos cinco al trescientos setenta, inclusive".

Advirtieron que "todos los terrenos fueron vendidos, en el más absoluto silencio por parte de las autoridades municipales, y sin que se tenga autorización alguna por parte del Concejo Deliberante de dicha ciudad, y por lo que entendemos ha sido un precio vil de acuerdo a la superficie, ubicación y valor de mercado de los terrenos en dicha localidad".

Pagaron 11 mil por algo que valdría 334 mil

Pusieron como ejemplo que "en la escritura 365, se vende el inmueble individualizado por el plano 56.565, cuyos demás datos obran en la referida escritura y a ella me remito en honor a la brevedad, por la suma de pesos once mil cincuenta (11.050 pesos). De acuerdo a la valuación solicitada por el bloque de concejales de Cambiemos del Concejo Deliberante de Puerto Yeruá, que se adjunta, a la fecha de 14 de junio de 2010, el valor del metro cuadrado en el lugar arrojaba la suma de 14,70 pesos, siendo el valor real de mercado a dicha fecha trescientos treinta y cuatro mil novecientos pesos (334.900 pesos), por lo que las autoridades municipales procedieron a vender el lote causando un perjuicio patrimonial al erario municipal".

De acuerdo con la presentación, "sobre la venta efectuada por escritura 376, María Mercedes Maquiavelo, domiciliada en la provincia de Tierra del Fuego, adquiere un terreno identificado bajo el plano 68665, por la suma de Pesos ocho mil veinticinco (8.025 pesos), terreno de 1500 metros cuadrados que según la tasación que se adjunta a la fecha de la compra poseía un valor de Pesos doscientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta (246.250 pesos). Tal acto causó un perjuicio patrimonial al municipio superior a los 230.000 pesos”.

Fuente: El Entre Ríos
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