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16/04/2018 -  tiempo  1' 34" - 267 Visitas Lleva dos años de preventiva Ricardo Jaime pidió la detención domiciliaria y tener tobillera electrónica
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Jaime cumplió dos años de prisión preventiva.
A cumplir dos años de prisión preventiva, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime pidió la detención domiciliaria y estar sujeto al control de la tobillera electrónica, en el marco de la causa por presunta defraudación y pago de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal. Ante el pedido que decidirá el Tribunal Oral Federal 6, a cargo del juicio aún sin fecha, la fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó en contra: recordó que no cumplió los setenta años, que no padece una enfermedad incurable en período terminal o bien una que no pudiera ser tratada en el penal.
Incluso, al haber sido citado el antecedente por Jaime, la fiscal diferenció su caso del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, en el que sí aprobó su excarcelación días atrás.

Jaime está detenido en el penal de Ezeiza desde el 2 de abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini, en la causa por la cual se investiga también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido: la compra de vagones a España y Portugal, que tuvo un costo de 100 millones de euros y se llevó a cabo entre 2004 y 2009.

El ex funcionario, quien también está condenado por la tragedia ferroviaria de Once, recordó que lleva dos años detenido de manera preventiva y citó los casos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa, así como los del ex vicepresidente Amado Boudou y Zannini, quienes recuperaron su libertad a través de recursos presentados en instancias superiores.

Incluso, fue la fiscal Baigún quien aprobó la excarcelación de Zannini: Baigún remarcó que el ex secretario de Legal y Técnica no cuenta con antecedentes penales y Jaime sí tiene condenas previas, una de un año y seis meses de ejecución condicional y otra no firme de cinco años.

Además, advirtió que la escala penal del delito de encubrimiento por el cual está acusado Zannini es de uno a seis años mientras que en el caso de Jaime podría caberle una condena de diez años de prisión.

Baigún recordó además que Jaime fue encontrado culpable por el delito de sustracción de prueba durante un allanamiento que tuvo lugar en Córdoba y que aún hay medidas en curso en la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra, por lo que al estar en libertad podría poner en riesgo la investigación.
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