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18/05/2018 -  tiempo  8' 32" - 975 Visitas Seis testigos de la fiscalía La historia personal de uno de los testigos se coló en la cuarta jornada de audiencias del juicio por la escuela de Vialidad
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El testimonio del contador de la asociación civil propietaria generó un silencio en la sala: “Los que venimos de tener sillas vacías en nuestra casa por un accidente de tránsito, esto te pega y te da cosa”.
Este jueves comparecieron otros seis testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el marco de la cuarta jornada de audiencias del juicio oral y público contra el ex director de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Jorge Rodríguez, el director del área de Suministro y Mantenimiento de la DPV Néstor Kemerer y Mario Heyde por el delito de peculado. Mientras se busca develar si hubo irregularidades en la puesta en funcionamiento de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz, siguen pasando los testigos frente al tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta. La novedad de este jueves -según registró ANALISIS DIGITAL fue propuesta por el último testigo del día de la fecha, el contador Roberto Fabián Pauligk quien es asesor contable externo de la asociación civil Los Viales, propietaria de la escuela: "Los que venimos de tener sillas vacías en nuestra casa por un accidente de tránsito, esto te pega y te da cosa", expresó el contador en relación a su vida personal y generó el silencio de los presentes. Además, brindó precisiones técnicas sobre la administración financiera de la escuela que tiene como parte de su curricula la prevención de accidentes viales. Para este viernes se esperan los últimos dos testigos de la fiscalía a cargo de Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, mientras que comenzarán a comparecer los propuestos por la defensa de Miguel Cullen, Fernánda Vázquez Pinasco, Javier Martínez y Guillermo Vartorelli. Serían cuatro los testigos de la defensa, aunque resta confirmar la presencia de una de ellas: la ex titular del CGE, Claudia Vallori. Por JCB de ANALISIS DIGITAL

Parecía ser una jornada sin sobresaltos en el salón Nº1 de la sede de Tribunales. El juicio a Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde tuvo su cuarto día de audiencias orales y públicas que buscan comprobar -o no- la comisión del delito de peculado en el marco de la puesta en funcionamiento de la escuela pública de gestión privada Nº235 Heraclio Ruíz Díaz (HRD). Estaban previsto, originalmente, unos nueve testigos del listado presentado por los fiscales, pero ya habían anoticiado al tribunal de que desistían de tres. Las seis personas que tuvieron que presentarse ante los jueces fueron Julio Ricardo Vidal (trabajador del área de compras de la DPV), Francisco Omar Gulla (trabajador del área de finanzas de la DPV), Lorenzo Julio Beca y Marta Susana Busquets (ambos trabajadores del área de Mantenimiento y Suministro de la DPV).

El sexto testigo era Roberto Fabián Pauligk, contador público que vive a una cuadra de donde originalmente comenzó a funcionar la escuela. Explicó que cumple actualmente -desde la segunda mitad del 2015- la función de ser asesor contable externo de la asociación civil Los Viales, que figura formalmente como propietaria de la escuela Nº235 HRD. Pero el motivo de su labor en la escuela no fue basado en su condición de vecino, sino que fue convocado por Néstor Kemerer ya que se conocían de otras actividades que no tenían que ver con la escuela. Fue el testimonio de Pauligk el que coló su experiencia personal en seguridad vial respecto a lo que se discute en la causa.

"El señor Kemerer me convoca una vez culminada la inscripción en Personas Jurídicas y obtenida la correspondiente personería, para iniciar los trámites en la AFIP y una vez incorporada la asociación -en el órgano tributario-, continuar con la incorporación del personal docente", comenzó explicando el contador asesor. En esa línea, aclaró que esta incorporación del personal docente se desarrolló "una vez resuelto el tema financiero". Esto último es en referencia al reconocimiento económico de los cargos por parte del CGE.

Cabe recordar que el CGE otorgó el reconocimiento pedagógico a los cargos casi de inmediato a la institución educativa, pero que el reconocimiento económico llegó a los casi dos años de funcionamiento. "En el mes de diciembre de 2015 se le comunica a la asociación de que tuvo el reconocimiento económico de cinco docentes", expresó el contador. Según el asesor contable de la escuela, "con ese reconocimiento se garantizaba la continuidad del pago, sin ese reconocimiento estábamos en una situación de no poder pagar los salarios desde la asociación". En esa línea, explicó que ya para entonces "no se pagaba a través de la DPV". Señaló que el momento en el que la DPV pagaba los sueldos, lo hacía "porque si debía pagarlo la escuela eso significaba el cierre, teníamos que dar de baja en octubre la escuela, eso era los chicos en la calle, porque no había forma de darle continuidad".

"El flujo de fondos correspondientes a salario que no podía ser afrontado por la escuela. El reconocimiento económico del CGE nos dio una bocanada de oxigeno y pudimos comenzar las clases del 2016 con normalidad. De hecho, en 2016 se dio de alta cuatro cargos más y ahí se pudieron dar de altas todos los trabajadores", continuó.

Pauligk explicó que desde que cumple funciones en la escuela como asesor externo, ha conformado tres balances. Que su vínculo de trabajo más fluido es con la secretaria de la escuela y que además trabaja con la directora Graciela Bergna y el apoderado legal de la institución, Néstor Kemerer.

Ante la pregunta de los fiscales Yedro y Cánepa sobre el rol que cumplía la asociación civil Los Viales, Pauligk respondió: "La asociación es una figura que está actuando como una formalidad y aún no termina de resolverse -cual es- su funcionalidad como asociación" y explicó que justamente es el juicio una de las cuestiones que mantiene stand by la definición de dicha formalidad.

El contador explicó que la escuela se financia a través de las cuotas de los alumnos. Si bien la asociación en su estatuto establece que los asociados deben pagar una cuota mensual de 50 pesos, el contador Pauligk explicó que no es obligatorio y que "no mueve el amperímetro" de la economía de la escuela. Respondió que el presupuesto actual de la escuela es de 450 mil pesos y que la cuota mensual de los alumnos es de mil. Cabe aclarar que la matrícula de escuela superaría los 200 alumnos.

Ante la insistencia de los fiscales sobre el pago de ese aporte, Pauligk confirmó que tuvo acceso a los "recibos comunes" de los socios que han aportado, pero recalcó que "la asociación perdió efecto económico porque no tiene gastos ni hace al financiamiento de la escuela".

Como han hecho otros testigos, el contador asesor aseguró que "en paralelo" existe una "unión de padres". Esta organización de los padres "genera actividades a los fines de juntar fondos". "La asociación no genera otros ingresos por una ley establecida en el 92 y que hoy la AFIP la retoma. Allí dice que si querés tener las exenciones impositivas te inhiben a realizar actividades recaudatorias por fuera de lo que es el ingreso troncal, en este caso a través de las cuotas", describió. "Los fondos de lo que junta la unión de padres son paralelos a la asociación, no ingresan a la misma y yo no tengo acceso", señaló.

Señaló que por su experiencia personal ligada a la escuela Enrique Carbó -popularmente conocida como la Don Bosco- y a la congregación salesiana el CGE otorga las habilitaciones a instituciones que tienen la posibilidad de tener "un respaldo de una institución propia o de terceros". "Cuando se inicia una institución pública de gestión privada el CGE debe mirar si atrás hay un organismo capaz de afrontar las erogaciones correspondientes. En este caso, el CGE debe haber observado a la DPV como esa institución".

Dijo que conocía la resolución 240 del CGE -que establece los criterios y requisitos a cumplimentar para llevar a cabo un proyecto educativo- aunque reconoció que no es su materia. Sin embargo, evaluó que "el CGE deberá emitir decisiones ajustadas a su resolución". "Nosotros nos enteramos con el tiempo del requisito de la asociación, más allá de que la resolución es anterior, no se trata de una ley que debemos conocerla todos".

Pauligk aseguró que "el CGE tiene un control financiero permanente sobre las escuelas" y que "todos los meses gira o transfiere los montos de salarios más las contribuciones del personal" y que en cada día diez del mes vencido realiza un control que puede detectar irregularidades en los pagos y que "en caso de que hay desajuste nos informa y se resuelve el desajuste".

La historia personal que se coló y silenció la sala

Cuando el interrogatorio de la defensa le consultó sobre que pensaba de la Esc. Nº235 ERD, el contador Pauligk comenzó a hablar "como persona y no como contador", según sus propias palabras. "La escuela me parece algo novedoso y muy bueno, es una llama".

"En un momento de distracción mía hice un número de cuanto nos cuesta un accidentado a los entrerrianos. Da escalofríos, para que ese chico pueda volver a caminar, un chico que andaba sin casco, que consumió sustancias ó cruzó por el medio de una calle. Esta escuela está muy buena. Los que venimos de tener sillas vacías en nuestra casa por un accidente de tránsito, esto te pega y te da cosa", relató.

Su relato continuó: "No se cuanto vale una vida, pero si esta gente tiene la voluntad y la decisión, desde el organismo que está encargada de la seguridad vial, crea una escuela vial, para los hijos de los trabajadores viales, como ciudadano, ¿desde qué lugar eso está mal?".

"Ver una silla vacía es jodido, yo no sé en qué están pensando. Yo vivo a una cuadra de la escuela, nací, crecí y me voy a morir en el mismo lugar. Si esta escuela hubiese sido creada hace treinta años no tendríamos esta conversación porque perdimos una vida por no usar un bendito cinturón de seguridad", dijo en relación a su caso personal.

El resto de los testigos

Los testigos aportados por la fiscalía tienen el fundamento de avanzar en comprobar que se utilizaron fondos que estaban destinados a la DPV para la realización de una escuela que es propiedad de una asociación privada y que la DPV no tenía competencia para iniciar los trámites y el proyecto educativo.

Este jueves acudieron al Tribunal testigos trabajadores de la DPV de distintas áreas. Además, todos formaban parte de la asociación civil Los Viales y habían sido convocados por Kemerer para formar parte de la misma. Coincidieron en que conocían que la asociación civil se creaba en base a una solicitud del CGE pero que no sabían que iba a figurar como la propietaria del establecimiento educativo.

Por su parte, el testigo Vidal -del área de compras de la DPV- reconoció que se realizaron pedidos para la escuela desde su área.

Este viernes se espera la presencia -aun no confirmada- de los últimos dos testigos de la fiscalía y alrededor de cuatro testigos de la defensa. La cuarta testigo programada para este viernes por la defensa -a confirmar- es la ex titular del CGE, Claudia Vallori.
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