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24/06/2018 -  tiempo  2' 59" - 322 Visitas Odebrecht y la corrupción La Argentina y Brasil, cerca de acordar cómo declararán los arrepentidos brasileños
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El procurador general provisional, Eduardo Casal, avanzó en un acuerdo con Brasil por los arrepentidos de Odebrecht.
La Justicia de Argentina como del Brasil “están cerca” de alcanzar un nuevo acuerdo de cooperación judicial en la causa Odebrecht para que los arrepentidos brasileños puedan decir en los tribunales locales a qué ex funcionarios argentinos le pagaron sobornos por 35 millones de dólares. El mes pasado, un equipo de jueces y fiscales argentinos, comandados por el procurador general provisional, Eduardo Casal, mandaron un proyecto de nuevo convenio a sus colegas del Brasil que llevan las causas contra la constructora más grande de América Latina. La semana pasada, los brasileños aceptaron los términos generales del acuerdo y mandaron, a través de la Cancillería, una nueva versión. Esta “agrega más nombres de arrepentidos y protege el acuerdo de la justicia de Brasil con Odebrecht”. En una reunión realizada el jueves se le dio la luz verde en general. En junio del 2017, la entonces procuradora general de la Nación y fundadora de “Justicia Legítima”, Alejandra Gils Carbó, firmó un primer acuerdo que no funcionó por la resistencia de jueces y fiscales argentinos a conceder impunidad a los brasileños a cambio de información sobre las coimas en las causas AYSA, soterramiento del Sarmiento y gasoductos.

Ahora, el equipo de trabajo creado por el Procurador general provisional, Eduardo Casal, definió una fórmula legal para que los arrepentidos puedan declarar y presentar documentos sobre cómo se pagaron los sobornos en base “al principio de la especialidad y que nada de lo que digan pueda ser usado por la justicia argentina en contra de los delatores”, publicó el diario Clarín.

Esta fórmula se firmará bajo el paraguas jurídico de las convenciones de la ONU y la OEA contra la corrupción y el protocolo de cooperación judicial del Mercosur. La mecánica que se estudia es que una vez que manden, en primer término, las delaciones que hicieron en Brasil, los fiscales o jueces argentinos puedan viajar a Brasilia para tomarle declaraciones sobre temas específicos.

En mayo Casal, luego de una segunda reunión con jueces y fiscales sobre cómo conseguir que los arrepentidos brasileños, informó que se había avanzado en un acuerdo preliminar entre argentinos. Del encuentro también participaron el fiscal federal Franco Picardi, un secretario letrado de su colega Federico Delgado, tres funcionarios de la Cancillería, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez y el director de Investigaciones de la OA, Ignacio Irigaray. Picardi y Delgado son los fiscales titulares de aquellas tres causas clave y que aceptarían esta fórmula que permitiría destrabar la cooperación.

Desde el año pasado y a pesar de que la prensa ya difundió los videos con las declaraciones de los arrepentidos ante la Justicia brasileña donde afirman que le habrían pagado supuestos coimas al ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros, el gobierno y la justicia argentinos no se ponían de acuerdo sobre cómo abrir esa cooperación sin violar las leyes locales. Entonces, en la sede de la la Procuración General de la Nación se realizó un segundo encuentro entre funcionarios de la Secretaría de Coordinación Institucional y del área de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General y de las fiscalías y procuradurías intervinientes con funcionarios de la Cancillería Argentina y de la Oficina Anticorrupción, consignó Clarín.

La OA, que dirige Laura Alonso, había lanzado la idea de que la Argentina acepte una “limitación del uso de la prueba” (las confesiones) a cambio de que Brasil flexibilice su posición de reclamar inmunidad judicial, civil y administrativa para los arrepentidos. Específicamente, la OA cree que el artículo 46 de la convención de la ONU contra la corrupción establece que: “La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información”. Así luego de casi dos años de que estallara el caso las pruebas podrían llegar a la Argentina.
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