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12/07/2018 -  tiempo  3' 17" - 237 Visitas El gobierno tiene 45 días para decidir Correo Argentino propuso un pago adicional por su deuda y que el Estado indemnice a la empresa
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La empresa presentó una oferta similar a la anterior.
El gobierno escuchó este miércoles una nueva oferta de Correo Argentino SA. La empresa -que forma parte del holding de la familia de Mauricio Macri - está en concurso preventivo y tiene al Estado como principal acreedor. La firma entregó una oferta de base casi calcada a la que había presentado el 28 de junio de 2016. Aquella propuesta había estado a las puertas de un acuerdo con el gobierno, pero desató un escándalo que obligó a dar marcha atrás. Esta vez, a esa propuesta Correo Argentino le sumó lo que denominó "una mejora de plazo y monto" y un "reconocimiento adicional". Ahora el gobierno tiene 45 días para responder si acepta o no. La audiencia, de una hora, se desarrolló frente a la Sala B de la Cámara Comercial, en un clima algo tenso por lo empantanado que quedó el proceso. Asistieron los abogados de la Procuración del Tesoro (PTN) que representan al gobierno, los representantes de la empresa y la fiscal del concurso, Gabriela Boquin.

Correo Argentino SA entró en concurso preventivo hace más de quince años. La deuda original con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a 293 millones de pesos.

La empresa hizo dos ofertas en 2014. Y elevó una tercera propuesta a la gestión de Cambiemos en 2016, que consistió en el pago en 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7 por ciento anual.

La fiscal Boquin había calificado ese ofrecimiento de 2016 de "abusivo". Según sus cálculos, la inflación y la devaluación hacían que esa oferta implicara "una condonación de la deuda" por más de $4277 millones.

Ayer, la empresa repitió su compromiso de pago "del 100 por ciento de la deuda nominal en 15 cuotas anuales con el 7 por ciento de interés".

"Las dos primeras cuotas -señaló el escrito- se cancelarían en un único pago de 5.924.107 de pesos dentro de los 30 días de homologado el acuerdo". Esta cláusula en rigor recuperaría el "tiempo perdido" que transcurrió desde aquella controversia de 2016. Para Correo Argentino SA, sin embargo, se trata de una mejora en los plazos. "Con la oferta de 2016 hubiéramos pagado la primera cuota en enero de 2019. De homologarse este acuerdo, en cambio, cancelaríamos las primeras dos cuotas antes de fin de año", esgrimieron.

Como "pago adicional" la empresa de los Macri propuso una erogación en concepto de intereses, según la tasa pasiva del BCRA ¿Por qué monto? 1784 millones de pesos.

Sin embargo, esta cifra, de acuerdo con la oferta, está sujeta a distintas condiciones. Primero, a una quita del 30 por ciento sobre el capital y los intereses, una deducción que no había estado presente en las propuestas anteriores.

Segundo, ese pago se haría si, y solo si, Correo Argentino SA recibe una indemnización del Estado por los bienes que la empresa reclamó tras la estatización del servicio, en 2003.

El Correo Argentino fue administrado por el holding de los Macri entre 1997 y 2003. Cuando Néstor Kirchner la estatizó, la empresa demandó al Estado en reclamo de las inversiones que había realizado en el servicio postal oficial por un monto que ascendió a los 1700 millones de pesos. Entre esos bienes se encuentra el edificio de Monte Grande donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial.

"Si el pago indemnizatorio del Estado alcanzara para la cancelación total del reconocimiento adicional (los 1784 millones de pesos), Correo Argentino lo cancelará en su solo pago", señala el escrito.

Desde Correo Argentino SA indicaron a La Nación: "La quita del 30 por ciento es razonable de acuerdo con lo que establece la práctica concursal, donde las rebajas llegan al 60 por ciento. Por otro lado, acá hay una deuda con un Estado que le quitó todos los bienes a la empresa".

El gobierno tendrá que evaluar la oferta bajo cuatro lupas. Porque como reacción a la controversia que desató este caso Mauricio Macri firmó el decreto 201/2017, que señaló que cuando en un juicio hay una vinculación "entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo" debe intervenir la PTN, pero también la Oficina Anticorrupción, la Sigen y la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso.

La Cámara le dio al gobierno 45 días para que se expida.
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