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12/10/2018 -  tiempo  7' 40" - 404 Visitas Investigación judicial por irregularidades en los contratos Viola: “No es intención de la Cámara negarse a brindar información sino hacerlo en un camino más estricto”
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Viola aclaró la postura de Cambiemos respecto del pedido de información de la justicia sobre los contratados.
La diputada provincial Alejandra Viola (Cambiemos – La Paz) explicó que su reunión con los fiscales y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, tuvo el objetivo de manifestar “que el bloque Cambiemos pone a disposición, sin ningún tipo de traba, la información que manejamos como bloque, desconociendo exactamente la investigación” referida a supuestas irregularidades con los contratos de las Cámaras Legislativas. Explicitó que “en el oficio no se indicaba el hecho ni las personas investigadas, era simplemente un número de legajo y desconocíamos qué figura penal se estaba investigando”. Además, señaló que “la documental que se pedía estaba enmarcada en un artículo del Código de Procedimiento Penal, que es el 280 que resultaba contradictorio porque menciona secuestro de vehículos y objetos de gran valor, y nada de esto se condecía con la información que debíamos dar respecto de personal contratado, alquileres, facturación, de los últimos 10 años”. “Esto se entendió como un rechazo, pero lo que pedimos fue precisión y esperamos que llegue en las próximas horas un nuevo oficio, que todavía no ha llegado”, añadió. En este marco, brindó detalles de cómo se maneja el bloque con sus contratados para quienes disponen de 300.000 pesos mensuales: “No tenemos personas con tarjetas de débito ni cuentas sueldo”, aseveró.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Viola confirmó que en la jornada del jueves se reunió con los fiscales y la titular adjunta de la Procuración “para comentarles que el bloque Cambiemos pone a disposición, sin ningún tipo de traba, la información que manejamos como bloque, desconociendo exactamente la investigación, y planteando el motivo del voto en la Cámara del martes porque queríamos más determinación y más discriminación en el pedido de información –que era algo indeterminada o extralimitada- sin que ello signifique no querer colaborar con la justicia”.

Mencionó que “en las pocas horas que tuvimos para analizar esto, consultamos en la Cámara cómo se han manejado en otros casos, porque es la primera vez que nos pasa un pedido de estas características y que nos fuera consultado. Es la primera vez que consultan al pleno, y desde la Cámara nos plantearon que en toda causa penal donde se solicitó información siempre se brindó, sin pedido de consulta al pleno”.

No obstante, sostuvo que en este caso “en el oficio no se indicaba el hecho investigado ni las personas investigadas, era simplemente un número de legajo y desconocíamos qué figura penal se estaba investigando, y la documental que se pedía estaba enmarcada en un artículo del Código de Procedimiento Penal, que es el 280 que resultaba contradictorio porque menciona secuestro de vehículos y objetos de gran valor, y nada de esto se condecía con la información que debíamos dar respecto de personal contratado, alquileres, facturación, de los últimos 10 años”.

“Por eso pedimos precisión porque desconocíamos y además por la responsabilidad que significa brindar información y hacerla pública, y eso se entendió como un rechazo pero lo que pedimos fue precisión y esperamos que llegue en las próximas horas un nuevo oficio, que todavía no ha llegado”, aclaró la legisladora. Asimismo, consideró que “si se hubiera necesitada una información indispensable para la causa hubieran podido allanar”.

En este marco, explicitó que “la visita a los fiscales y la puesta a disposición desde el bloque fue porque no queremos que quede interpretado que poníamos algun obstáculo en la investigación, lo que fue muy bien recibido y quedamos a disposición para cualquier tipo de prueba que se quiera determinar en la causa, pero mucho más de la causa en sí no se pudo hablar porque está bajo secreto de sumario”.

Sobre el modo en que tomaron conocimiento del oficio judicial, especificó que “el pasado martes el secretario de la Cámara nos convocó por separado a los presidentes de bloque, previo a labor parlamentaria” y reiteró que “es la primera vez que nos pasa que, como pleno, tengamos que votar una cosa de este tipo”. Además, consideró que “al ser el martes que tomamos conocimiento formal del oficio, fueron pocas las horas que tuvimos para analizar el tema”.

Manifestó que para la resolución “se armó un borrador de parte del asesor jurídico de la Cámara, Víctor Berta, que nos pareció que estaba en los términos adecuados para informarle a la fiscal”. En tal sentido, se refirió a la labor del recientemente condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa: “Luego de haber tomado conocimiento que se incorporó a nuestra dirección planteamos una queja porque fui una de las diputadas que presentó denuncias contra él como funcionario por su situación patrimonial, y acompañamos las denuncias por su acción como presidente de Sidecreer y nos parece inadecuado que esté siendo parte del cuerpo jurídico de la Cámara. No he cruzado nunca una palabra con él y desconozco qué trabajo hace en la Cámara”.

Explicó además que “el decreto 29 modificó el reglamento de acceso a la información pública en la Cámara de Diputados y en esto no juega ese decreto por ser una causa penal, y entendimos que la información que brindaríamos estaría criminalizando a toda la gente honesta que trabaja en la Cámara, por lo tanto se pidió mayor determinación para no generar una inmiscuencia en personas que no tienen nada que ver con la causa”.

Aclaró que “no era necesario hacer mención al decreto 29 en la resolución porque no le estábamos diciendo que no le entregaríamos la información sino que se pidió que se especifique más” y advirtió que “el pedido de derogación de ese decreto fue pedido por nuestro bloque, porque no tenemos problema de brindar información ni le vamos a poner ninguna traba a la justicia”. “Hoy ese decreto está en plena vigencia, y lo consideramos inconstitucional por eso pedimos su derogación”, refirió.

La legisladora reiteró que “no es intención de la Cámara negarse a brindar información sino hacerlo en un camino más estricto y determinado” y opinó que “eso se dará en las próximas horas, pero se ha tomado muy a la tremenda lo decisión del martes porque se hizo mucho hincapié en el rechazo y en los fundamentos en los que se pidió mayor discriminación a la justicia”.

Reiteró que “no hay bloqueo de la información sino un pedido de mayor detalle para poder cumplir acabadamente con el trabajo”. “Entiendo que la fiscal tomará nota de esta resolución y hará un nuevo pedido. Le planteamos que hay información con la que no contamos, sobre objetos de importante valor y de vehículos secuestrados a que se refiere el artículo en que se fundamenta el pedido. Pero esto es cuestión de días y va a llegar un nuevo pedido”, definió.

Los contratos del bloque Cambiemos

Consultada sobre la forma en que se maneja con los contratados el bloque Cambiemos, Viola informó que “en el bloque pasa algo particular porque hubo cambios de autoridades, en abril asumí como presidenta y allí comencé a tener funciones más administrativas”.

Especificó que “por un lado está el tema del adscripto, que es otra figura que genera costo para el Estado, que debe ser la persona que trabaja y presta servicio. Contamos con siete personas adscriptas que están trabajando para distintos diputados del bloque, algunos en el bloque y otros con diputados de forma particular, y a quienes les paga el sueldo el organismo de origen”.

“Nos asignaron un monto total de 300.000 pesos mensuales para el bloque Cambiemos al que dividimos de acuerdo a las distintas funciones que buscamos para el equipo que trabaja para el bloque. Lo único que podemos hacer es contratar personas con las cuales se hace un contrato de obra que a fin de mes recibe un cheque. Ese cheque me lo dan a mí en forma personal o al vicepresidente del bloque que es Esteban Vitor y los entregamos a cada persona que lo percibe en el banco. No tenemos personas con tarjetas de débito ni cuentas sueldo. Ese es el formato único que nosotros manejamos”, describió.

“Con eso contratamos profesionales de Buenos Aires, personal de la ciudad de Paraná y algunos muy poquitos del interior entre quienes pudimos dividir y los honorarios pasan de 35.000 pesos en algunos casos –que es el máximo-, hay otros de 20.000 pesos, 15.000 pesos, 10.000, 12.000 pesos, y en eso se incorpora a los chicos de prensa y de redes sociales”, puntualizó.

“Nosotros dividimos la tarea de asesoramiento y colaboradores del bloque de esa forma, pero hay otros formatos de contratación. El único que conocemos nosotros es éste: los contratos son por seis meses con posibilidad de renovar a su vencimiento, pero al mes se puede rescindir si no nos conforma el trabajo o no cumple las expectativas que esperábamos, porque no hay relación de dependencia de ellos para con nosotros ni para con la Cámara”, explicitó.

“La información respecto de los contratos que nos enteramos por la prensa nos generó mucha incomodidad a todos, porque hay un manoseo y los propios contratados se sienten incómodos. Por eso empezamos a ver la salida de la planta transitoria como una salida muy positiva y si se pudiera generar este cambio sería un gran avance: los contratados y colaboradores pasan a ser planta transitoria en los cuatro años de gestión”, afirmó.

En ese punto, aclaró: “Nosotros no usamos esa figura y desconozco si otros la usan en la Cámara, pero sería una opción a implementar porque es momento para hacer cambios e ir por figuras que den más seguridad y no generen este ruido de cómo cobran”.
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